martes, 23 de mayo de 2017

No class? One party!


La política y el poder son, para la mayoría de los cientistas políticos, conceptos que todavía deben ser definidos y frente a los cuales deben tomar una posición en cierta medida fundacional, al menos respecto al contenido semántico de los mismos con el que abordarán sus trabajos. Sin embargo hay ciertas líneas generales que casi todos comparten y a partir de los cuales se pueden comprender mejor las delimitaciones eidéticas que hace cada uno de ellos o sus escuelas doctrinarias. Para el caso de la política y el poder, se puede decir que, para todos los autores (al menos los que utilizaré en este examen), la política es una forma del poder. El poder sería la capacidad de una voluntad de imponerse o afectar eficazmente a otra voluntad para que actúe en la dirección deseada por la primera. La política o, mejor, lo político, sería el ámbito de las reglas y leyes que regulan la actividad de los actores de una sociedad y que regulan sus conflictos. El poder es considerado, en mayor o menor medida, o bien como un recurso en manos de quien lo detenta, o bien como un tipo de relación social ya existente que tiene en uno de sus polos a quien lo ejerce. El poder específicamente político, sería aquel que establece las reglas, para un grupo humano, en las cuales se establecen sus relaciones sociales. En cualquier caso, esta descripción general es más bien una síntesis promedio de todas estas definiciones, que en el caso de algunos autores adolecen de cierta vaguedad conceptual y que parecieran expresar una huida tácita respecto a las definiciones esencialistas. Conviene por tanto dirigirse entonces hacia las definiciones de los autores que se me pide mencionar, que en este caso son Josep M. Vallès y Salvador Martí i Puig en su Manual de ciencia política, Michael Sodaro en Política y ciencia política: una introducción, Jacques Lagroye en su tratado Sociología política, Guillermo O’Donnell en Democracia, agencia y Estado y Chantal Mouffe en su trabajo En torno a lo político

Los dos autores del manual consideran que la política es, más o menos esencialmente, una actividad orientada a regular conflictos entre individuos o grupos e intentar, eventualmente, solucionarlos. Esta definición continúa, especificando que lo que caracteriza a la política es el intento de resolver estos conflictos “mediante una decisión que obligará a todos los miembros de la comunidad”. Este carácter vinculante y forzoso de la decisión adoptada, sería lo que llevaría a considerar a dicha decisión como una “decisión política”. Esta definición entronca, al menos en su segunda parte, con la de Lagroye respecto a la actividad del Estado moderno, según la cual éste acapara la propiedad de imponer o hacer respetar las reglas que rigen las relaciones entre grupos para todos los actores de un espacio social y por tanto, a través del cual todos se remiten para poder ejercer poder político. También podemos ver los varios puntos de acuerdo entre estas dos definiciones y las de Sodaro, el cual define la política como “el proceso por el que las comunidades persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas”, lo que requiere que, para hablar de “poder político”, se requiera la capacidad de controlar o influenciar la instancia separada capaz de esta función, que sería el Estado. Yendo ahora a esta entidad, la caracterización más precisa del mismo es la que nos ofrece O’Donnell, con una inteligente relectura, más precisa, de la conceptualización weberiana del Estado que parece superar la definición clásica que el propio autor dio de la misma:
Lo que entiendo por estado es una asociación con base territorial, compuesta de conjunto de instituciones y de relaciones sociales, que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto delimita. Estas instituciones reclaman el monopolio en la autorización legitima del uso de la coerción física y normalmente tienen supremacía en el control de los medios de esa coerción sobre la población y el territorio que el Estado delimita.
Su más riguroso criterio eidético lo lleva a especificar con mayor precisión la relación entre política y poder, sin omitir su particular carácter de ser en sí un sistema legal que actúa sobre toda la sociedad, incluyendo sus propias burocracias. Concluye finalmente que el Estado procesa y condensa poderes que emergen de la sociedad, así como también genera sus propios poderes, como resultado de lo cual devuelve a la sociedad diversos tipos de políticas públicas, y a veces también importantes omisiones.

Por el lado del poder, tenemos a Sodaro que se limita a describirlo como relacional, describiendo, un poco asistemáticamente, algunas de sus posibles expresiones en formas de interacción social entre dos sujetos utilizados como un cierto modelo heurístico. A partir de éste, deduce dos formas principales de poder: como supremacía (dominio directo o indirecto de la autoridad legal) y como influencia (externa y dirigida hacia quienes detentan la supremacía sobre esa autoridad legal). Pareciera, además, que el autor no hace gran distinción entre el poder y el poder político, confundiendo quizá dos cuestiones que, en general, ninguno de estos autores pareciera intentar diferenciar demasiado, que es la diferencia entre la imposición de la voluntad y la imposición de las condiciones por las cuales se obedece a una voluntad y que hacen que los límites de dicha imposición pudiera variar. Nuevamente, encontramos en O’Donnell cierta ambigüedad al respecto: no queda claro si los poderes socialmente emergentes a los que hace referencia existen con independencia del Estado o si su existencia sólo depende de su correlación con el Estado y, como tal, no existen en ninguno de los dos partícipes por separado, esto es: no los detentan en sí los grupos sociales sino como partícipes capaces de dominio o influencia sobre el Estado, y no existirían dentro del Estado mismo sin la participación de estos actores (se excluiría de esta descripción, claro está, el caso de los poderes propios que surgen en el seno del mismo Estado).

Dejé deliberadamente para el final la tesis de Mouffe, ya que ameritaría un análisis separado por cuanto no parece lograr una demasiado precisa definición de poder y por cuanto su descripción de la política es parte de una elaboración algo ensayística de la tesis laclauciana a la que adhiere, que no está libre de ciertos problemas conceptuales y que es materia aún de debate. Antes de reflexionar brevemente sobre este punto, voy a extraer las nociones de poder y política que estarían presentes en su texto. La política, para la autora, es algo que mejor debería describirse con el término de “lo político”, o sea lo esencial (lo ontológico) a los fenómenos propios (lo óntico) de “la política”. Luego de esta algo efectista utilización de la distinción heideggeriana se dirige directamente a definir la esencia de lo político como la dimensión del antagonismo, sin aclarar suficientemente si esta es la esencia de lo político o una de sus propiedades esenciales. La comunidad política es el espacio donde reside el poder y por tanto donde se dirime este antagonismo. Este poder, en la particular tesis de Mouffe y Laclau, es concebido como constitutivo de lo social. Las relaciones de poder construyen no sólo las estructuras de relaciones entre grupos, sino que, al ser estos mismos grupos dichas relaciones, generan a los grupos mismos. Estos grupos sociales serían, en sí mismos, productos del poder que ejercen. Aquí, sin embargo, el intento por despegarse del esencialismo marxista pareciera llevar a la autora a una aporía sociológica: sin las relaciones de poder no podría darse forma a lo social, pero las relaciones de poder presuponen lo social. Esta circularidad de su tesis (producto probable de intentar concebir que el poder constituyente de lo social puede ser más que simplemente un garante punitivo de un tipo de relaciones sociales que el poder no genera ni puede generar a discreción, y que son externas a la mera voluntad del poder en la esfera política) se resolvería finalmente en que estos grupos existen por un mero proceso de identificación subjetivo y afectivo, contingente respecto a cualquier lógica social o económica o política, basado en la creación arbitraria, para cada grupo, de un “nosotros” inseparable de la creación de un opuesto, los “ellos”, que luego generarán intereses en un conflicto irresoluble por imponerse mutuamente un orden social. Esta concepción de lo político sería una suerte de extrapolación de la teoría freudiana, donde las comunidades geográficas de aquella se convierten en estructuras de clase dentro de una misma sociedad; a lo que agrega la idea de que habría identidades comunitarias hegemónicas y otras sometidas a dicha hegemonía.

Otro aspecto de esta definición algo solipsista del poder es que arrastra una noción de política como conflicto entre dominadores y dominados, a pesar de que sus roles serían en apariencia intercambiables. Si esto es así ¿cuál sería la razón de la autora para intentar conservar el “pluralismo” de la existencia de dos clases sociales que existen por un contingente triunfo en la arena de la política de una por sobre otra? Una posición agonal fundada sobre estos principios llevaría necesariamente a la conclusión de que los oponentes no tienen legitimidad para existir, ya que el disenso a proteger no se encontraría en las diferentes perspectivas sobre la forma en que los intereses de un sector podrían beneficiar a otros, sino directamente en una contraposición de proyectos sociales que reflejarían intereses homogéneos irreconciliables pujando por ser hegemónicos en un juego de suma cero. Donde el mayor beneficio de cada parte es la aniquilación del adversario, una visión realista de la política debería ser por fuerza antagónica y no meramente agonal. Paradójicamente, esta posición que aparentemente intenta salvar la política democrática, resulta un búmeran para las condiciones mismas de la democracia y hasta de las razones para cualquier tipo de política. Esta doble reducción del pluralismo ideológico a la pluralidad de grupos de interés, y de los grupos de interés a una suerte de etnias políticas sin ninguna codependencia social (ni siquiera como parte de una estructura de explotación), vuelve perjudicial la existencia del “ellos” y la necesidad de disenso dentro del “nosotros”. Esto dejaría de ser un escollo si la autora concediera, o bien que el conflicto entre clases y grupos no respondiera a un conflicto real inherente a la totalidad de sus intereses, o bien que, aunque el conflicto reflejara contradicciones estructurales, éstas no estuvieran basadas en la explotación y que, incluso aunque lo estuvieran, el pluralismo ideológico fuera igualmente necesario para la acción voluntaria interna de los miembros de los grupos de interés en conflicto. Pero, incluso si cediera tanto a liberales y marxistas, en su perspectiva el elemento afectivo todavía haría del conflicto algo irreductible a la vida social, con lo cual debería aceptar que, en el esquema de suma cero que ella nos ofrece (o en una vida política concebida por sus actores de tal forma), su propuesta agonal llevaría a la aniquilación de cualquier forma de pluralismo, sea de estructuras sociales o de formas de pensamiento, de individuos o de grupos. La domesticación democrática exigiría entonces atenuar, no potenciar, el carácter partisano de la política. Cualquiera fuera el camino que utilizara para salir del atolladero, le exigiría aceptar en gran medida una noción de política cuya base radicalmente diferente dejaría un espacio subordinado para su particular aplicación del ideario populista. 

Casi toda la obra de Mouffe intenta demostrar que la política es un lugar donde cualquier grupo amorfo puede crear discrecionalmente un sistema social y económico, arbitrario respecto a cualquier naturaleza o esencialismo económico sustantivo o formal. Pero se cierra la puerta a esta demostración en cuanto presenta razones para que las clases subalternas no prescindan de las clases directivas. Al evidenciarse que, sin conseguir previamente un orden social superador, las clases subalternas requieren de las clases dirigentes para el funcionamiento de una economía capitalista, y que esa es la razón de que Mouffe no pueda recomendarles aniquilar las burguesías, caería por tierra el error de considerar que una puja redistributiva dentro del capitalismo no debe adaptarse a la lógica del propio sistema y que podría recurrirse a cualquier tipo de intervencionismo económico como si acaso la necesidad del capital de una autorregulación mercantil fuera un mero mito. Contra su tesis, el derecho burgués no fue el producto de una puja arbitraria por la distribución del ingreso que derivara en la generación de un sistema económico que luego fuera “naturalizado” como podría haber sucedido con cualquier otro. El individualismo posesivo de los derechos burgueses no son una asignación de recursos basados en la hegemonía política de la burguesía, sino el resultado de intercambios conmutativos que son sustanciales y necesarios para la burguesía porque son sus constituyentes. Fue recién esta burguesía la que, gracias a la hegemonía de su orden social, obtuvo luego un papel preponderante en la hegemonía de su orden político. Por ende, una verdadera puja de poder que asignara derechos de propiedad por una vía distributiva estatal como forma de asignar recursos mediante el uso de la democracia política, no proveería a las clases subordinadas un sistema económico propio. Todavía más: le exigirían un estatismo generalizado totalmente ajeno a su vida social y además no creado en función de su racionalidad económica, lo cual la privaría de cualquier autonomía organizativa e independencia social, y con éstos de cualquier posible control popular de una democracia económica (o sea, de una economía, mal descrita como comunista, controlada por toda la población a través del cuello de botella de la dirección central de las instituciones políticas). El mero acceso al poder del Estado no puede dar a ninguna clase un orden social alternativo, y menos aun si ese orden está fundado sobre una economía estatal cuya colectividad es, por definición, del dominio de otra clase. La teoría de la hegemonía pareciera el producto de confundir la capacidad del poder de poner la carreta delante del caballo, con la ausencia de necesidad de que el caballo deba estar delante de la carreta para avanzar, condición para que quien detenta el poder pueda hacer el viaje. 
(Personalmente creo que Mouffe y su marido saben perfectamente que el “ideal socialista” para el cual conciben esta estrategia no es un diseño abierto a las contingencias de la lucha igualitaria por la hegemonía en una autocontradictoria y necesariamente antiliberal “democracia radical”, sino que se trata del viejo y esencialmente necesario para sus propósitos “socialismo real”. Y creo que saben también perfectamente que –para esquivar la inevitable desintegración social y económica que acarrearía la consecuente aplicación de este tipo de programa populista sin un regreso a un capitalismo normal– su realización no puede tomar otro camino que el road to serfdom del colectivismo estatal clásico del modelo post-leninista. Esto explicaría que en todos los casos la aplicación concreta de su pensamiento haya sido encabezada de antemano por movimientos y gobiernos cuyo núcleo directivo ideológico se encuentra en manos de los mismos partidos de cuadros y de las demás filiales del club comunista oficial “soviético” del régimen cubano, todos los cuales ellos mismos han avalado. ¿Sería muy cínico de mi parte suponer que los mismos intereses políticos, otrora sólo totalitarios, han cambiado una superestructura ideológica “marxista” o marxista-leninista, por otra neojacobina mucho más práctica y representativa, aunque claramente más desorganizada?)

Finalmente es útil relacionar estas nociones del poder y de la política con la del rico texto de Lagroye, quien en un breve momento de su trabajo llega a una conclusión parecida a uno de los aspectos sociológicos de la tesis de Mouffe. En Lagroye, los grupos sociales de la sociedad civil serían modelados en gran medida por la actividad de la sociedad política, y viceversa su voluntad (no su forma) sería producto de las relaciones entre grupos sociales, por lo cual no debería hacerse una clara distinción entre “sociedad civil” y “sociedad política”, al menos no como se hace en su acepción clásica.  Sin embargo esto exigiría también una revisión similar, ya que, al igual que sucede con Mouffe, en esta interacción pareciera que el rol genético se encuentra en el lado del poder, mientras que el actor social que participa en la política lo haría como una suerte de ingeniero social no sujeto a los condicionamientos de su vida civil. En el proceso circular entre poder político y vida civil que estos autores parecen suponer, desaparecería el elemento civil en función del político, como si las formas en que el poder político puede afectar la vida social no estuvieran determinadas por sus condiciones de existencia socioeconómica, sino que, en cambio, –como parecen proponer, en parte Lagroye, pero especialmente la intelectual laclauciana– estas formas fueran influenciadas por la mera voluntad de los grupos civiles que llegan al poder político, que dispondrían así de la posibilidad eficaz de darse una forma a sí mismos de acuerdo con sus intereses (a la inversa que en Marx, donde las relaciones de producción dan forma a las clases y a los intereses de sus miembros).
Esto me lleva a una conclusión final casi intuitiva, y es que quizá no se pueda terminar de desarrollar el concepto de política y de poder, sin desarrollar adecuadamente y en simultáneo, el concepto de economía y de necesidad.